Pide extitular de la CEDH se aplique el Estado de derecho a la CNTE; los llama delincuentes

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Agencia Vórtice MX).-  Como delincuentes tachó Florencio Madariaga Granados, expresidente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)  de Chiapas, a los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) a quienes exigió se les aplique el Estado de Derecho.

En una carta, el exobudsman chiapaneco y presidente de la asociación civil Fundación Justicia y Dignidad con Libertad,  indicó que  el Sur de México actualmente vive en una convulsión creada por la reiterada vulneración del Estado de Derecho por parte de la CNTE y organizaciones sociales afines.

«Estos bloqueos se han cuantificado hasta esta fecha por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) quien afirmó que los bloqueos por parte de integrantes de la CNTE en varios estados, así como actos vandálicos como la quema de vehículos y la destrucción de equipo, tiene ya costos importantes y pone en riesgo los procesos productivos de varias empresas, así como sus plantillas laborales», citó.

Madariaga Granados aclaró que hasta el momento no hay una cuantificación exacta del impacto económico que han tenido las acciones emprendidas por la CNTE pero la cifra aproximada -dijo- podría ser de cuatro mil 200 millones de pesos así como la afectación en la actividad productiva de diversos sectores, como el ferroviario, agroalimentario, de alimentos y bebidas, de turismo, el automotriz y el de la construcción, entre otros, señaló.

Ante ello, cuestiona y arretemete en su comunicado, «¿Qué han hecho los gobierno federal y local ante estos vándalos o delincuentes? Invitarlos a dialogar, escuchar sus pretensiones? ¿Cuándo se ha visto que en un estado de derecho se platique o se dialogué con los delincuentes?, la aplicación de la ley no es otro cosa que cuando se viola o vulnera la norma jurídica, a esas personas dígase afiliados o seguidores de la CNTEd eberán aplicarles el estado de derecho».

El exsubprocuradorar general de Justicia del Estado, en el gobierno de Roberto Albores Guillén (1998-2000), reconoció los desbloqueo de las carreteras federales en el Istmo de Oaxaca y Nochixtlán, aunque este último -precisó- está sujeto al análisis penal por sus resultados al recuperar vías federales, «son los riesgos de hacer valer el cumplimiento de la ley», puntualizó.

En el documento, el expresidente de la CEDH, remata: «El Gobierno Federal y local debe actuar y aplicar la ley sin distingo y proceder a detener a estos delincuentes».

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